La crisis internacional va a golpear a la demanda uruguaya por cinco vías: menos exportaciones por la caída de la demanda mundial, menos consumo interno por menor poder adquisitivo y por la disminución del crédito, menos inversión extranjera directa y nacional, menos turismo y finalmente afectará al sector financiero. Comenzando por este último se puede decir que hay que esperar una contracción del crédito, lo cual se va a traducir en dólares escasos y caros para la región lo que va a frenar a la construcción y a la venta de vehículos, induciendo una caída en sus precios y menor recaudación.

Un capítulo aparte es la incógnita sobre los potenciales comportamientos de los argentinos ante su situación interna. Si bien en el 2002 se retiraron masivamente de Uruguay siendo ello determinante de la crisis financiera y posterior recesión, también podrían reaccionar de un modo más tradicional, y volver a tomar a Uruguay como refugio, caso en el cual no habría impactos en el sistema financiero y disminuiría la caída de precios de los inmuebles.

Volviendo al sector externo, la recesión que están sufriendo las principales economías va a achicar su demanda por nuestras exportaciones. Si a ello se suma la caída en los flujos de inversión, hay que esperar un tipo de cambio real mayor. Esta alza del tipo de cambio, revirtiendo la tendencia que se verificó desde el año 2003, estimulará a la gente a abandonar al peso con lo cual o el BCU vende sus reservas o el dólar subirá aun más. Todo ello colaborará a ajustar al alza el tipo de cambio real, a bajar los salarios medidos en dólares y así amortiguará la caída en el empleo que se producirá por la caída del nivel de actividad. Sin embargo, esto dificultará el objetivo gubernamental de seguir recuperando el poder adquisitivo de la gente con lo cual el consumo también se debilitará.

El paquete de medidas que el gobierno anunció para enfrentar la crisis contiene una parte de ajuste ortodoxo y luego una serie de medidas que apuntan, por un lado, a estimular la oferta agregada con incentivos y, por otro, a sostener la demanda a través de mayor gasto y mayor crédito del sector público.

El conjunto de medidas de carácter ortodoxo tiende a restringir el gasto (menos gasto superfluo en el Estado, recorte del 5% del gasto e inversiones en las empresas públicas) y a incrementar el ingreso (Imesi a cigarrillos) al tiempo que apunta a favorecer la producción nacional de bienes de consumo, encareciendo su importación (mantenimiento de la tasa consular en el 2% y anticipo de Irae a la importación de bienes de consumo).  Más allá de lo bueno o malo de esta última medida, estas cosas que son fáciles de escribir son una fuente inagotable de problemas. ¿Es o no un bien de consumo una cubierta de auto y un jamón crudo? Serán o no necesarios para transportar y alimentar turistas? Esta parte del paquete es contractiva y busca generar espacios fiscales para financiar los componentes expansivos del paquete de medidas.

Entre las medidas expansivas se encuentran estímulos a la oferta como futuras rebajas de tarifas a sectores productivos, flexibilización de los requisitos y beneficios por inversiones, reducción de los costos financieros de los certificados de devolución de impuestos y del régimen de admisión temporaria. También hay estímulos a la demanda, como ser subsidios a la construcción de vivienda y estímulos al turismo (30 litros de combustible y tax free por productos nacionales). Finalmente, y para paliar la reducción del crédito hay una política de apertura de crédito oficial para inversiones e insumos, para las pymes, para viviendas y para exportaciones a países con riesgo de cobro. Está última parece una medida curiosa dado que cabe preguntarse si debemos estimular la exportación a países a los cuales quizás no le podamos cobrar.